¿En qué consiste la nueva reforma a la ley 30 de Educación?

Posted: May 12, 2011 in Uncategorized

Para hablar del problema de financiación de la Universidad pública es necesario remitirse a los últimos 20 años, cuando la aprobación de la ley 30 de educación en 1992 resolvió aumentar el presupuesto con base en la inflación o índice de precios al consumidor (IPC). Siendo este aumento tan insuficiente y básico para alcanzar las exigencias financieras de planta profesoral, infraestructura y tecnología, este terminó siendo un aumento nominal, pero en valor real empezó a disminuir progresivamente. Sólo basta con observar que en 1992 cuando de 100 pesos que destinaba el gobierno a la Universidad, esta solo tenía que poner 20, mientras que ahora de cada 100 pesos que el gobierno le destina, esta tiene que poner más de 50, que en términos prácticos nos dice que la Universidad pública está obligada a autofinanciarse en más de la mitad del dinero que necesita.

Como si esto no fuera suficiente, la reforma planteada por Santos resulta aun peor que la anterior, debido a que es prácticamente una nueva ley de educación que condensa todas las perjudiciales propuestas que se han evitado durante su historia como la violación a la autonomía universitaria o la educación como servicio y propone nuevas formas de financiación que agudizan los problemas de financiación ya expuestos

¿En qué consiste la nueva reforma a la ley 30 de Educación?

Esta reforma sustancial de la ley tiene dos grandes divisiones: La primera tiene que ver con la forma de financiación de todas las Universidades y la segunda con la autonomía universitaria.

Con respecto a la forma de financiación se establecen cuatro criterios

1.  Aumentos básicos relacionados con el IPC y el PIB

Aumentos básicos irrisorios de acuerdo con el aumento del PIB o el IPC, que según cálculos terminan siendo algo aproximado a $14000 millones para la Universidad Nacional

2.  Aumentos adicionales condicionados al cumplimiento de indicadores de gestión establecidos por el Ministerio de Educación.

Estos aumentos están relacionados no solamente con el crecimiento de la cobertura indiscriminadamente y sin presupuesto suficiente, sino también se obliga a las universidades a entrar en procesos de acreditación para mantener su condición de Universidades y recibir mas presupuesto

Estas acreditaciones atentan contra la autonomía universitaria porque se le exige a la universidad qué es lo que tiene que enseñar y cómo lo tiene que hacer so pena de perder su carácter de universidad si no cumple con los estándares de acreditación.

Esto no sería tan grave si solo se hablara del Consejo Nacional de Acreditación, pero el problema es que esta ley otorga la capacidad de acreditación a entidades privadas, quienes encabezadas por el sector productivo, terminarían acomodando la Universidad a sus exigencias y no a las necesidades de la población, que es el objetivo de la Universidad pública.

3.  Creación de contratos plurianuales Universidad-Empresa

De nuevo se integra la empresa privada, que por medio de contratos de extensión e investigación empezaría a financiar la Universidad en buena proporción, lo que significa que las actividades de investigación no estarían encaminadas hacia los intereses de los estudiantes ni los profesores, sino a la productividad de las empresas, quienes naturalmente no van a financiar proyectos que no les devenguen ganancia.

Lo anterior viola de nuevo la autonomía universitaria y de forma aun más directa porque se elimina la potestad de la universidad para decidir lo que investiga, pero además se interrumpe el cumplimiento de uno de sus objetivos principales, que es estar al servicio de las necesidades de los colombianos.

4.  Exigencia de solicitud de préstamos a la banca privada como ya lo hizo la Universidad Nacional para el primer semestre de 2011

Al no existir una financiación suficiente por parte del Estado, se obliga a las universidades a entrar en una articulación con la banca privada.

Esta articulación consiste en la solicitud de préstamos que deben ser pagados con los dineros producidos de la investigación y la extensión, lo cual exige que la Universidad se enfoque no en educar, sino en producir para existir.

De igual manera, esta medida supone el establecimiento de una sobrecarga laboral para los docentes, que se traduce en una reforma al estatuto docente presentada por Wasserman y rechazada ante el consejo académico, en donde  propuso triplicar el trabajo de los docentes de planta en investigación y extensión para mantenerse en su cargo.

Es necesario recordar que la Universidad Nacional es pública porque se debe a sus contribuyentes, que son los colombianos. Por eso es nuestra responsabilidad como estudiantes estar a su servicio y no al servicio del sector productivo, que tiene unos intereses muy distintos.

Manejamos el 25% de la investigación que se hace en el país, somos el centro de investigación más grande de Colombia y tenemos la mayor concentración de profesores con doctorado. Somos todo esto gracias a nuestra autonomía universitaria de decidir lo que hacemos y nuestra autonomía financiera de no rendirle cuentas sino al Estado.

INGENIEROS E INGENIERAS: Es nuestra tarea mostrar una actitud crítica y actuar para mantener nuestra condición de calidad, defender lo que es nuestro y lo que es de los colombianos.

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